«Seré el gobernador de la transparencia para proteger el dinero de los yucatecos y administraré eficientemente, como lo he hecho antes, los recursos públicos para transformarlos en beneficios tangibles que lleguen a las manos de todos los ciudadanos», afirmó Mauricio Vila Dosal.
Tal es el caso de la administración que encabezó en la capital yucateca. La transparencia y eficiencia le dieron a Mérida múltiples reconocimientos nacionales, como el que le entregó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) por obtener, en dos ocasiones consecutivas (2016 y 2017), el primer lugar nacional en transparencia en el manejo de finanzas y por cumplir satisfactoriamente con el 100% de los Índices de Información Presupuestal Municipal.
Este Instituto también reconoció como modelo de «Buenas Prácticas» al Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida —único en su tipo a nivel nacional, pues, debido a su eficiencia— se considera que forme parte del catálogo de ejemplos que deberían seguir otras instituciones gubernamentales en México.
«Ahora toca el turno a Yucatán. Quiero ser gobernador para darle voz a todos los yucatecos, para escuchar sus opiniones, para que sean ellos los que construyan el futuro del que será el mejor Yucatán de todos los tiempos y para que ellos decidan en qué se destinarán los recursos públicos», aseguró Vila Dosal. «Estamos listos para crear el Consejo Consultivo Ciudadano del Presupuesto que tanto hemos esperado para que juntos hagamos de nuestro estado el más transparente y justo».
Vila Dosal agregó que desde los primeros días de su gobierno municipal, él y su equipo de directores presentaron sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, para que de esta forma, los ciudadanos «sepan con cuánto entramos y con cuánto nos fuimos». Prometió también que estas iniciativas se aplicarán para todo el estado.
Por último, el candidato a la gubernatura de Yucatán por el PAN y Movimiento Ciudadano recordó que implementó la realización de 249 auditorías a las áreas financiera, operativa, legal y de tecnologías de la información para supervisar, vigilar y evaluar la gestión y el manejo de los recursos públicos. Asimismo, se digitalizaron 346 trámites, lo que hace que en el proceso no intervengan funcionarios públicos y se eviten posibles situaciones de corrupción.
